Lunes, 15 Enero 2018 00:00

Protestas de los primeros 11 días de 2018 superan las documentadas en enero de 2017

 
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Una ola de protestas en Caicara del Orinoco, que derivaron en saqueos, abrió la conflictividad en la primera semana de enero en Bolívar Una ola de protestas en Caicara del Orinoco, que derivaron en saqueos, abrió la conflictividad en la primera semana de enero en Bolívar

 La conflictividad social remontó a la cima el año pasado, cuando el registro de protestas superó el promedio anual desde 2010, en la medida en que la desmejora de la calidad de vida se acentúa.

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9.787 protestas se desarrollaron en 2017, de acuerdo con el balance del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), una cifra 41% superior al registro de 2016. El recuento equivale a 27 reclamos diarios en todo el país.

El organismo resaltó que el 2017 se convirtió en el año con el mayor número de manifestaciones, superando las 9.286 registradas en 2014, inclusive por encima del promedio anual acumulado desde 2010 de 6.700 conflictos al año.

El auge de la conflictividad social no se quedó en el año que recién culmina, pues de acuerdo con el OVCS las protestas de los primeros 11 días del 2018 superan las documentadas en enero de 2017, al igual que los registros de saqueos.

Al cierre del 2017, el Observatorio contabilizó 160 personas asesinadas por acción de funcionarios del Estado o de civiles armados en el marco de las manifestaciones, la mayoría de carácter pacífico. En el caso del estado Bolívar, uno de los fallecidos en medio de protestas fue el estudiante Augusto Puga, quien fue asesinado en Ciudad Bolívar en una manifestación estudiantil.

“Este incremento de las manifestaciones está ligado a las desmejoras de la calidad de vida de los venezolanos. Pese a la existencia de programas sociales destinados a asistir a la población, la falta de continuidad en algunos de estos planes, la ausencia de institucionalidad democrática, la discriminación en la asignación de dichos beneficios, la militarización, la crisis económica y política que afronta el país, impulsan a los ciudadanos a las calles para expresar su descontento. Y en la medida que no existan respuestas a las demandas sociales, preocupa una escalada de conflictos”, enfatizó.

El OVCS indicó que los cierres de calle, concentraciones, marchas, cacerolazos, vigilias y tomas de establecimiento fueron los repertorios de lucha más empleados por los ciudadanos para exigir sus derechos el año pasado. “También creemos relevante destacar la movilización y consulta popular masiva que organizó la oposición política venezolana el 16 de julio de 2017 como una forma diferente de manifestación pacífica”.

Ola de protestas por cuatro meses

El Observatorio destaca el periodo de protestas en todo el país que arrancó en el primer trimestre de 2017 y que duró cuatro meses para reclamar la apertura de un canal humanitario, libertad para presos políticos y un cronograma electoral.

En ese periodo, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017, la organización contabilizó 6.729 manifestaciones en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias.

Las manifestaciones se caracterizaron por la asistencia masiva de participantes de diversos sectores socioeconómicos; protesta sostenida en todos los estados del país, en zonas rurales y urbanas e, incluso, en sectores populares; aumento de las protestas nocturnas; conectadas con las convocatorias hechas por dirigentes políticos; fusión de exigencias de derechos políticos y demandas de derechos económicos y sociales; repunte de saqueos e intentos de saqueo; repercusión en la esfera internacional; y manifestaciones cerca de los centros de poder.

“Caracas, Miranda, Lara, Táchira y Mérida fueron las entidades donde se registró el mayor número de actividades en este lapso. La ola de reclamos cesó el 31 de julio, día posterior a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”.

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En este contexto, el Observatorio señaló que en 2017 recrudeció la criminalización de la protesta pacífica tras el quiebre y debilitamiento institucional en Venezuela con detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, uso desproporcionado de la fuerza, procesamiento de civiles en tribunales militares, persecución y descalificación a defensores, líderes comunitarios y políticos.

El Observatorio reveló que se reforzó el sistema de represión con la implementación del Plan Cívico-Militar Zamora 200 a partir del 19 de abril de 2017 que, explicó, “institucionaliza la actuación conjunta de fuerzas militares, fuerzas milicianas y civiles armados en funciones de control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés”.

Entre los meses de abril y julio, precisan, se registraron acciones violentas de grupos paramilitares en al menos 523 protestas y en la mayoría de las manifestaciones donde se presentaron estos grupos “se reportaron heridos de bala, principalmente en Caracas, Miranda, Táchira, Mérida, Lara, Carabobo, Aragua y Anzoátegui”.

“Alertamos que cada vez se hace más compleja la identificación de estos grupos porque, además de operar en conjunto con los representantes de la fuerza pública del Estado, se presume que están empleando indumentaria correspondiente a los organismos de seguridad”.

El organismo alertó, a su vez, sobre la presentación de civiles ante tribuales militares, vulnerando los artículos 49 y 261 de la Constitución nacional; así como la creación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de nuevos instrumentos que atentan contra los derechos humanos y criminalizan el derecho a la protesta, como en el caso de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada el 8 de noviembre de 2017.

“La aprobación de esta ley es una acción más ajustada a la doctrina de seguridad nacional del Estado que cataloga de enemigo interno a críticos y disidentes del gobierno, la misma no obedece a los principios de proporcionalidad y necesidad que deben existir para regular derechos humanos y evitar restricciones arbitrarias a los mismos y es un mecanismo adicional creado para criminalizar derechos humanos”, advirtieron.

OVCS exige poner fin a esquema represivo

Con estos resultados, la organización solicitó realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas; así como poner fin a la ejecución del plan Zamora y al sistema de represión “que caracteriza a parte de la población como enemiga interna”.

El OVCS reclamó cesar el procesamiento de civiles en tribunales militares y determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.

Finalmente, exigen garantizar el pleno cumplimiento y respeto del derecho a la manifestación, consagrado en el artículo 68 de la Carta Magna; y cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de el Caracazo. “Insistimos al gobierno de Nicolás Maduro que la represión no es el camino para dirimir las diferencias y construir un país”, recalcó el organismo.

 

386 protestas en los primeros 11 días
de 2018

En un avance de los turbulentos primeros 11 días de enero de 2018, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 386 protestas, 107 saqueos o intentos de saqueo y 5 fallecidos.

“La cantidad de protestas registradas en los primeros 11 días de enero de 2018 es superior al número de protestas documentadas en todo el mes de enero de 2017”, destacó la organización, que resaltó además que la cifra de saqueos en este periodo es superior a la sumatoria de todos los saqueos registrados durante el mes de enero de los últimos tres años.

Al expresar su preocupación por el aumento de las protestas por alimentos y saqueos a nivel nacional, la organización exigió al Estado venezolano “la implementación de los correctivos democráticos necesarios para solventar la grave crisis de inseguridad alimentaria que vive el pueblo venezolano, que se caracteriza por escasez, desabastecimiento y carestía de productos”; así como el respeto y garantía de los derechos humanos de manifestantes y terceros e investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas.

 
Visto 1867 veces Modificado por última vez en Martes, 16 Enero 2018 00:24

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