Solo 100 mil bolívares estaban pagando este martes en Fondo Común, entidad con una única agencia en Puerto Ordaz para clientes de otros municipios. Diariamente acuden al banco y regresan la mayoría de las veces sin tener si quiera para pagar el pasaje de vuelta a su casa.

Presuntamente, la corriente del río arrastró el cuerpo hasta la laguna del sector La Españolita, Puerto Ordaz, una de las zonas afectadas por la crecida del Caroní.

La capital del municipio Gran Sabana es el último panorama del país que tiene los que deciden partir hacia Brasil por vía terrestre. 

La comunidad se ha manifestado con molestia y repudio ante estas restricciones a la libertad de expresión causada por le empresa del Estado.

Desde la madrugada de este lunes, el sector La Churuata de Puerto Ordaz volvió a ser foco de ataques de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que buscaban levantar las barricadas que manifestantes colocaron en protesta luego de los resultados anunciados por el CNE, lo que la mayoría del electorado ratificó como un fraude electoral.

Las carencias del centro Uninef Vida y Salud, en el sector Castillito de Puerto Ordaz, hace que unos tres centenares de pacientes acumulan sesiones pendientes. Esto sin contar los que ya han muerto, no solo por estas mismas falencias, sino por otras que terminan incidiendo en su ya deteriorada salud, como el alto costo de los insumos de quienes optan por la vía particular, o simplemente, la falta de transporte público, que impide llegar al centro de salud.

De los 57 homicidios ocurridos durante el tercer mes del año en el municipio Caroní, 29 ocurrieron a manos de funcionarios estatales. Ello implica, además, un incremento de 190 % de estos casos con respecto al mismo mes de 2017.

Desde hace por lo menos mes y medio los pacientes con cáncer no están recibiendo las quimioterapias en el hospital de Puerto Ordaz, por falta de aire acondicionado y medicamentos. Conseguir el tratamiento donado o comprado no es suficiente, pues el área no está habilitada. Pacientes y familiares relatan esta dura realidad que, aunque el régimen niegue, es muestra de la crisis humanitaria en Venezuela.

Los ajustes salariales de la industria maderera se realizaban en función del INPC, que el Banco Central de Venezuela no difunde desde hace más de dos años. 

La cifra reportada este martes por el ministro Luis López, en el inicio del Plan de control vectorial y lucha contra la malaria, supera a los 244mil casos de paludismo que reportaron médicos locales como acumulado de 2017, datos que alarmaban a los expertos pues superaban con creces los de 2016. Demuestran, además, el fracaso estatal enfrentando este mal que aqueja a no pocos sectores de todo el estado (rurales y urbanos) y la opacidad del ministro, pues a los medios locales se negó a responder preguntas sobre números de fallecidos.

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